Justicia que no es pronta no es justicia

Con la pandemia del Covid-19 los Juzgados suspendieron actividades a partir del 15 de marzo al 26 de abril del presente año, por lo cual las audiencias, términos y plazos jurisdiccionales se suspenden durante dicho periodo, esto tiene un costo muy alto, ya que se retrasarán las sentencias, las ejecuciones y con ello los pagos respectivos.
Desde luego que fue una decisión bien tomada, no se pueden correr riesgos con la salud; sin embargo, hay afectados por el retraso en los procedimientos, tenemos en todo el país más de un millón de juicios en proceso que han sido suspendidos hasta nuevo aviso.
El poder judicial ha emitido la Resolución Administrativa Nº 000135-2020-P-CSJLII-PJ únicamente para casos específicos como violencia familiar, medidas de protección, endoso de los depósitos judiciales, habeas corpus, acción de amparo, prisión preventiva, como el juicio de amparo, proceden durante la suspensión de actividades, para ello se estableció juzgados de emergencia que atenderá tales asuntos.
El sistema jurídico permite que se administre justicia a través de los medios no presenciales. Tanto es así que sin quebrantar el orden jurídico existente es posible establecer un sistema de atención a los requerimientos de los justiciables y de los otros poderes públicos. Lo otro es que el Poder Judicial cuenta con los medios que la tecnología exige para funcionar, como son computadoras, Internet, correos y escaneado de documentos, así como los medios electrónicos de verificación de la firma.
La oportunidad que nos brinda la emergencia debe ser utilizada para poner en real funcionamiento el proceso de justicia virtual, habilitar para todos los procesos la mesa de partes y el expediente electrónico.
Por ello, es hora de que demos un salto al mundo del siglo XXI. Y con la ayuda de la tecnología, permitamos que en ese contexto se desarrollen las demandas, audiencias (que se pueden transmitir públicamente), actuación de pruebas, dictado de sentencias y su ejecución. Tenemos las normas y los medios para continuar moviendo el país con un nuevo sistema ágil de administración de justicia, que no puede esperar a que termine el largo período de emergencia que se vislumbra.
Se debe hacer todo lo posible para que las instituciones implicadas unamos las fuerzas del Poder Judicial, Ministerio Publico y Gremio de Abogados para que la Administración de Justicia salga de la crisis de la forma más rápida posible”, que considera que este plan sobrevenido puede acabar convirtiéndose en una “oportunidad” para abordar de forma conjunta asuntos que estaban pendientes desde hace años.
Ya se debe estar trabajando la nueva ley de justicia con muchas cuestiones técnicas y procesales que puedan ayudar a evitar el temido colapso en los tribunales tras la crisis sanitaria. “Estamos al inicio”.
Un cafecito bien legal (2020). Maria Angela Huamán Alarcón.
Abogada de Familia, Conciliadora extrajudicial, Diplomada en gestión pública.
Protegiendo tus derechos, www.mufasyd.org Lima, Perú.
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