QUE PUEDO HACER SI EL COVID-19 ME IMPIDE PAGAR LA PENSIÓN DE ALIMENTOS

2020-08-02 00:00:00

A raíz del estado de emergencia son muchos los padres que se han visto afectados económicamente al perder su trabajo o reducir sus ingresos.

La gran preocupación es saber qué ocurre con la obligación del depósito judicial o extrajudicial de la pensión de alimentos de sus hijos. Entonces me preguntan: ¿es posible extinguir o reducir la pensión de alimentos debido al Covid-19?

En principio, la pensión de alimentos es un deber legal que ambos progenitores tienen respecto a sus hijos, tal y como lo estipula el artículo 235 del Código Civil. Por este motivo, es importante entender que la pensión de alimentos debe seguir pagándose. Si no puedes afrontarla, es una deuda que se acumulará generando los devengados.

Veremos cómo afrontar esta problemática.

En primer lugar, recomiendo modificar la pensión de alimentos. Los padres pueden llegar a un acuerdo por escrito, ya que se trata de una opción rápida, segura y justa, para modificar, reducir o extinguir la pensión, ajustando el monto a la situación económica actual.

Si el acuerdo resultase inviable y la crisis económica se prolonga en el tiempo, por ejemplo, debido al coronavirus, los padres pueden, ahora de manera virtual, acudir a los juzgados y solicitar una modificación de la pensión de alimentos a raíz del cambio sustancial de sus ingresos, acreditado la nueva capacidad económica del obligado.

Para analizar la viabilidad de la reducción, suspensión o extinción de la pensión de alimentos, es necesario realizar un cuadro comparativo de la situación económica que existía al momento de la sentencia y las circunstancias económicas actuales.

Si a raíz del desempleo se han visto reducido los ingresos, podríamos apelar al principio de proporcionalidad, es decir, la contribución deberá ser proporcional a los ingresos de cada uno de los progenitores

“Lo normal será fijar un mínimo que contribuya a cubrir los gastos más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación”.

El cese de la suspensión de la obligación durará hasta que se presuma los nuevos ingresos.

Dicho esto, podemos concluir que se han de tener en cuenta las circunstancias económicas actuales y comprobables de los progenitores que no tienen la custodia de sus hijos a la hora de fijar y estipular el monto de la pensión de alimentos.

RECUERDA: “El deber del pago de la pensión de alimentos, aunque suponga un esfuerzo importante, nace a causa del principio de solidaridad familiar.”

Un cafecito bien legal (2020). Maria Angela Huamán Alarcón.

Abogada de Familia, Conciliadora extrajudicial, Diplomada en gestión pública.

Protegiendo tus derechos, www.mufasyd.org Lima, Perú.

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En el nombre del padre y del hijo: la esperanzadora responsabilidad social de papá en la crianza

2020-06-20 00:00:00

En estos tiempos de represión cibernética o de comodismo social nos falta valentía para tocar este tema, más aún en nuestra sociedad marcada por la interiorización de un feminismo “mal sano”, disfuncionando el papel trascendente y social que aporta la relación paterno-filial, lo peor del asunto que si nos preguntamos ¿Quiénes pagaremos por esto? seremos nosotros, la misma sociedad.

Lamentablemente seguimos favoreciendo el “abandono de la mujer” por medio de la facilidad legal para disolver el matrimonio. Sin presagiar que mientras disminuyan los matrimonio se incrementa la posibilidad de abandono del padre en la crianza de los hijos.

El Doctor Ducam Timms de la Universidad de Estocolmo durante 18 años realizó un seguimiento a 15,000 niños que tuvieron en su vida ausencia paterna, los resultados arrojaron consecuencias catastróficas cuando el padre se desvincula emocional y físicamente de su hogar por ende de sus hijos.

Entre los resultados encontrados esos jóvenes mostraron mayor dificultad para controlar sus impulsos (relaciones desordenadas sexualmente), mayor vulnerabilidad a la presión de grupos, un 63% de los suicidios es de jóvenes sin padres, el 90% de los niños que se van de casa provenían de familias sin padres, el 85% de los chicos con desordenes de conducta vienen de familias sin padre, el 75% de jóvenes en centros de desintoxicación no conocían a su padre, el 70% de jóvenes internados en reformatorios creció sin padre, el 85% de jóvenes en prisión provienen de familias sin padres y los datos siguen de manera escalofriante.

Notamos una fuerte asociación estadística entre ausencia del padre y delincuencia. Así mismo, se afirma que las sociedades con mayor compromiso del padre en la crianza de los hijos son las menos violentas. La pobreza en los niños sin padre tiene 5 veces más posibilidad de continuar así. El estudio arroja entonces de manera conclusiva que los efectos negativos cobran mayor intensidad cuando los hijos son varones.

La frustración de crecer sin un padre, afecta de manera directa el sistema inmunológico afectado por el stress de esos hijos, que degenera en el sentimiento de abandono y desamparo, afectando en la salud física y emocional de esos jóvenes con ausencia paterna. Eso lo observamos de los Informes Psicológicos en los procesos de tenencia y visitas. ¿Por qué continuar exponiendo al maltrato a nuestros niños y niñas?

Los beneficios de tener un PAPÁ en casa son increíbles tales como: los hijos de padres presentes y responsables tienen mejor capacidad lingüística, mejor cociente intelectual, son jóvenes más sociables, desarrollan más empatía y sentido de compasión, tienen mayor autocontrol de sus impulsos entre ellos control sobre sus apetitos sexuales, son más líderes, tienen más elevada la autoestima, incrementan su sentido de felicidad, llevan un correcto aprendizaje en la escuela.

Frente a estos datos se hace necesario reflexionar en algo, ¿el trabajo del padre termina en la concepción? o ¿solo son simples empleados para dar pensiones de alimentos? ¿por qué nos hemos encargado de denigrarlos, excluirlos inclusive los hemos desaparecido de las familias? ¿por qué no pensar en cambiar el paradigma? y procurar obligatoriamente la tenencia compartida, es decir para que el peso de la crianza, cuidado de los hijos no lo tenga solo la madre.

La paternidad es más efectiva cuando va acompañada de la maternidad enmarcada dentro del matrimonio. La sociedad tiene un flagelo, una deuda silenciosa con niños y niñas que es la ausencia del padre, empecemos por reforzar, promover y proteger al matrimonio como incubadora de la paternidad.

Un cafecito bien legal (2020). Maria Angela Huamán Alarcón.

Abogada de Familia, Conciliadora extrajudicial, Diplomada en gestión pública.

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DÍA MUNDIAL DE TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJEZ

2020-06-15 00:00:00

Comienzo transcribiendo las palabras del Papa Francisco, que espero incomoden a todos aquellos indolentes que, en este país, miran a los viejitos como desechos sociales, hasta el punto de la crueldad.

“Gracias a los progresos de la medicina, la vida se ha prolongado: ¡pero la sociedad no se ha “prolongado” a la vida! El número de los ancianos se ha multiplicado, pero nuestras sociedades no se han organizado suficientemente para hacerles lugar a ellos, con justo respeto y concreta consideración por su fragilidad y su dignidad. Mientras somos jóvenes, tenemos la tendencia a ignorar la vejez, como si fuera una enfermedad, una enfermedad que hay que tener lejos; luego cuando nos volvemos ancianos, especialmente si somos pobres, estamos enfermos, estamos solos, experimentamos las lagunas de una sociedad programada sobre la eficacia, que, en consecuencia, ignora a los ancianos. Y los ancianos son una riqueza, no se pueden ignorar.”

Una de las principales causas para que suceda el abandono, es que la persona adulta mayor ya no posea una vida laboral útil o posea una pensión miserable, como las que se acostumbran en este país y comience a generar gastos en la familia. Situación que causa tensión y trasforma el trato de sus hijas e hijos, amistades y parientes cercanos.

Al sufrir una fractura con las personas más cercanas, el anciano tiende a replegarse o desplazarse a un rincón de la casa provocando cuadros depresivos.

Otro caso frecuente ocurre cuando la familia se apodera de los bienes materiales de la o el adulto mayor, aprovechando su fragilidad, falta de memoria o dependencia. El abandono cobra sentido cuando al dueño original se le ignora, o se le agrede (física o verbalmente) y en ocasiones se le desplaza de la familia llevándolo a asilos o albergues en contra de su voluntad.

Por consecuencia, las familias pierden a un miembro clave para continuar con el aprendizaje y la sabiduría por experiencia. Socialmente este comportamiento denota una pérdida de identidad y fomenta la extinción de la trasmisión cultural, de generación en generación, benéfica para el núcleo familiar y su identidad.

En estos momentos es dramático observar que día a día en nuestro país se presenta de forma creciente la indigencia en ancianos. Esto nos hace preguntarnos. ¿Cuándo volvimos inútiles a los precursores de la sociedad peruana? ¿En qué momento nos olvidamos de lo importante de nuestros padres y abuelos?, nos olvidamos de su importancia para las futuras generaciones, las cuales al parecer crecerán sin llegar a escuchar las anécdotas, historias y recuentos de épocas inmemorables de nuestra sociedad y de su participación en dichos hechos.

Esto nos hace pensar, qué será de nosotros cuando lleguemos a ancianos, quién velará por nuestros cuidados si seremos o no amados o por lo contrario si seremos olvidados y desechados como un artículo viejo que nadie quiere o necesita.

Hoy en día estos casos se consideran un grave problema social, con raíces culturales y psicológicas. No importa el nivel económico ni educativo de quien lo ejerce o lo padece.

Hasta ahora para la mayoría de las personas era muy difícil comprender que estos hechos podían darse en la propia familia. Lo asociaban solo a casas de retiro.

El maltrato y abandono de adultos mayores ha sido denominado un “delito oculto” ocurre frecuentemente detrás de puertas cerradas y nadie se entera. Pero esto levanta interrogantes. Hay cosas que las personas hacen que son muy malas, como humillar a otra persona, pero eso no es delito, ¿o sí? Y, ¿qué tan grave debe ser el abandono antes de que alguien debiera llamar a la policía? ¿Existe un delito denominado “maltrato de ancianos”?

Pero existe un delito “institucional” asolapado: el que comenten las organizaciones públicas como MINSA, al no estimular las construcciones de hospitales geriátricos en las cabeceras de provincia y estimular la especialización de geriatría y gerontología en los nuevos profesionales, sabiendo que la población está envejeciendo.

La edad avanzada no implica pérdida de derechos, ni tampoco infiere que debe haber un trato diferente. Los adultos mayores son sujetos activos y con potencial a desarrollar en diversas actividades, deben vivir en condiciones dignas y disfrutar de su autonomía e independencia.

Es de real importancia remarcar que los Adultos Mayores al igual que todos los ciudadanos, mantienen el derecho al disfrute de vivir en contextos donde sean tratados con el mayor de los respetos.

No se puede olvidar, que los adultos mayores son sujetos de pleno derecho, y cualquier tipo de trato inadecuado es una flagrante violación a sus derechos.

Las relaciones de Buen Trato parten de la capacidad de reconocer que «existe un YO y también que existe un OTRO, ambos con necesidades diferentes que se tienen en cuenta y se respetan…»

Es necesario promocionar y fomentar una Cultura de Buen Trato en la totalidad de la sociedad, impulsando la solidaridad intergeneracional, desarmando los estereotipos negativos y los prejuicios, contribuyendo a la construcción de una imagen positiva hacia la vejez.

Los medios de comunicación tienen la obligación, y pueden también, considerando el impacto de los mismos en la población, aportar sobre la construcción de una imagen positiva del envejecimiento, sumando desde su espacio el reconocimiento político y social de los adultos mayores.

Las sociedades que bregan por la inclusión y la justicia social deben poner en marcha y reforzar las políticas y prácticas que garanticen los derechos de las personas, independientemente de su condición y edad.

“Y si fuego es lo que arde en los ojos de los jóvenes, luz es lo que vemos en los ojos del anciano”.

Un cafecito bien legal (2020). Maria Angela Huamán Alarcón.

Abogada de Familia, Conciliadora extrajudicial, Diplomada en gestión pública.

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El valor de la responsabilidad de padre y madre frente a los hijos

2020-05-22 00:00:00

Sabemos que las demandas de alimentos abarrotan los diferentes juzgados del Perú y conocemos, por el ejercicio de la defensa o ser litigantes, el tortuoso camino para lograr el cumplimiento de la obligación alimentaria por parte de los padres frente a sus menores hijos

El derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna.

De cara a esta problemática, el Estado tiene ahora la tarea de encaminar la normativa hacia un conjunto de disposiciones inmediatas y eficaces que logren la verdadera protección del interés superior del menor.

Conocemos que el derecho alimentario tiene una doble visión y misión tanto patrimonial como familiar y social; por ello, “los alimentos” son los pagos que liberan al deudor de su obligación y lo redime moralmente.

Además, como sostiene como sostiene López de Romaña, los alimentos serán derechos absolutos que en consonancia con los estados personales que los originan, tienen una eficacia universal, un efecto jurídico que cumple fines superiores y que sobrepasa los meramente individuales.

De cumplirse lo normativo y lo moral frente a la responsabilidad de lo hijos no habría problema, pero ante el incumplimiento se deben diseñar una serie de mecanismos dirigidos a la protección del Derecho de Alimentos, conforme lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño en su numeral 4: el compromiso de los Estados a adoptar medidas apropiadas, dirigidas a asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan responsabilidad financiera por el niño.

El Estado peruano, ha dado respuestas que aun requieren de firmeza y fuerza en su ejecución, porque de cara a la realidad NO se efectivizan las resoluciones judiciales y se tiene que exigir en otras instancias su cumplimiento. Nos referimos a:

· Proceso Penal de Omisión a la Asistencia Familiar. La tipificación de este delito requiere que se haya notificado la ejecución de una sentencia firme que asegure no se cumpla con el pago de alimentos.

· Ejecución forzada de Sentencia Judicial. Mediante esta figura se exige el cumplimiento de las prestaciones contenidas en las obligaciones mediante la afectación de los bienes dentro del patrimonio del obligado.

· Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El registro tiene como norma habilitante la Ley N° 28970, el cual permite inscribir a todas aquellas personas que adeuden tres cuotas alimenticias ya sea de forma sucesiva o no, establecidas por sentencia judicial consentida o ejecutoriada, o en vía acuerdo conciliatorio con calidad de cosa juzgada.

Entonces ¿por qué no pensar otras formas para que los niños no sufran las consecuencias de padres irresponsables frente a su integridad y salud? ¿No sería importante revisar los presupuestos en batalla establecidos en el código civil frente a la expresión: “necesidades del menor y capacidad económica del obligado”?.

Así pues, esta problemática requiere una especial atención y desarrollo dentro de las políticas públicas del sector justicia para conocer la fuente directa o indirecta de los conflictos y litigios en el derecho de familia, y asimismo diseñar modelos de incentivo para el cumplimiento de los obligados.

Después de esta pandemia nada será igual, tardaremos un tiempo en restablecer la vida económica, entonces tendremos que repensar el tema de la obligación alimentaria como una cuota justa, acorde y sobretodo cumplible que responda de forma inmediata a las necesidades de crecimiento integral y desarrollo armónico del menor en su condición de tal.

Un cafecito bien legal (2020). Maria Angela Huamán Alarcón.

Abogada de Familia, Conciliadora extrajudicial, Diplomada en gestión pública.

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Firma digitalizada

2020-05-17 00:00:00

El Poder Judicial reinicia sus actividades de atención al público y los escritos serán presentados ante la Mesa de Partes Electrónica (MPE), pero será necesaria que firmes con tu DNI electrónico. Muchos de nosotros recién lo tramitaremos, mientras tanto, debemos firmar en modo digital, aquí te dejo los 9 pasos para que obtengas dicha firma:

1.- Disponer una hoja de papel en blanco.

2.- Asegurar la iluminación del ambiente, de preferencia con luz natural.

3.- Firmar nítidamente sobre dicho papel. Utilizar lapicero de tinta negra.

4.- Tomar foto a la firma.

5.- Descargar dicha foto como imagen con formato JPEG o PNG.

6.- Finalizar el escrito en el documento Word.

7.- Insertar la imagen de la firma al pie del escrito.

8.- Ajustar el tamaño de la imagen acorde con el tamaño del documento.

9.- Guardar el documento Word con formato PDF.

Un cafecito bien legal (2020). Maria Angela Huamán Alarcón.

Abogada de Familia, Conciliadora extrajudicial, Diplomada en gestión pública.

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El Derecho de Familia en estado de emergencia

2020-05-17 00:00:00

La actual situación de emergencia sanitaria ha tenido también doble impacto en el derecho de familia:

- En el plano personal, se han visto incumplimientos en el ejercicio de la tenencia y custodia de menores. No se han respetado y se han dejado de lado los regímenes de visitas, además ha existido una afectación psicológica y mental, en la salud e integridad de los menores por parte de sus cuidadores.

- En el plano económico, la crisis laboral desencadenada por la emergencia afectó directamente el cumplimiento en el pago de la pensión de alimentos por parte del padre o madre obligado mediante acta de conciliación o sentencia judicial.

A su vez, esta crisis económica genera la suspensión o reducción de la remuneración y lo más lamentable, el despido o cese colectivo.

Es previsible para los abogados de familia el “alud” de demandas y con ello el potencial colapso de los juzgados de familia.

Ello implica que nosotros, los abogados, tenemos que rediseñar un “Plan de contingencia” o un “Protocolo de actuaciones legales post cuarentena” enfocados en los siguientes puntos:

1. Separación y Divorcio

Abogados y clientes debemos cambiar nuestro chip y trabajar nuevas prácticas de resolución de conflictos; esto es, a partir de la conciliación extrajudicial que en primera instancia protegerá a los hijos en sus derechos fundamentales: Tenencia, régimen de visitas y pensión de alimentos.

Un divorcio por mutuo acuerdo es como “un traje a medida” porque recoge acuerdos de plena voluntad entre los cónyuges.

Además, nos permite el cambio de escenario para resolver conflictos, escenarios más discretos, confiables, económicos y sobretodo que simplifican tiempo, nuestros nuevos aliados serán el Conciliador extrajudicial y el Notario Público.

2. Procedimientos de ejecución

Tanto en procesos de régimen de visitas y pensión de alimentos, para ello debemos apelar al diálogo y la empatía para alcanzar un acuerdo entre los padres.

Aquí definitivamente debe prevalecer el interés superior del niño por encima de cualquier otro interés económico o de cualquier otra naturaleza.

3. Proceso por violencia/o maltrato al menor en aislamiento

Es innegable que el aislamiento afectó y afecta a los niños, quienes cambiaron abruptamente sus espacios de desarrollo y recreación casi impuestos y obligados.

¿Costó hacerles comprender que estando en casa están más protegidos? Seguro que no, porque ellos tienen desarrollado el sentido de supervivencia y obediencia; pero a quienes les ha costado mantener su rol de cuidadores y protectores es a los padres y madres, quienes, en algunos casos, han olvidado sus deberes y han realizado actos de violencia psicológica, (gritos, humillaciones, insultos, e intimidaciones); en otros casos han ejercido abuso de la fuerza física para castigar, o golpear sin razón a los niños.

Algunos de los padres en la época del aislamiento han desarrollado el vicio del alcohol y fumar o drogarse; esto sumado a la fuerza y el poder sobre los menores han generado actos deplorables que han sido denunciados y son de conocimiento público.

De otro lado, los derechos de los niños no están en cuarentena, por lo que, el Estado ha visto la manera de protegerlos, en el ámbito educativo (proyectando la escuela en casa) e instando a los colegios privados a bajar el costo de las pensiones; en uno u otro caso, el derecho a la educación estaba asegurado, pero ¿cuantos padres no han cumplido con esta obligación?

Estos aspectos contemplados dentro de la Ley 30364 ley contra la violencia nos solo hacia la mujer sino hacia cualquier integrante del grupo familiar, se tendrá que ver modificada y adecuada a las nuevas realidades, porque la finalidad de la norma es prevenir y sancionar, y en este último punto deberá ser más drástica y velar por los derechos de muchos niños vulnerados en esta época de pandemia con la agravante que el escenario fue su propio hogar y sus cuidadores fueron sus agresores.

En síntesis, para que estas medidas de diálogo, empatía, consenso, acuerdo, respeto a los derechos de los niños, protección al interés superior de los niños, se puedan cumplir y ser una verdadera realidad social, es necesario la modificación sustancial de las condiciones legales y judiciales establecidas antes del COVID-19.

Definitivamente, hay un antes y un después que obliga a los jueces de familia a cambiar el chip y tener otra mirada y tratamiento a los procesos, más aún cuando hay un menor de por medio.

Urgentemente se debe poner en práctica el modelo corporativo en los juzgados para unificar criterios y otorgar la seguridad al derecho de familia y sus integrantes.

Un cafecito bien legal (2020). Maria Angela Huamán Alarcón.

Abogada de Familia, Conciliadora extrajudicial, Diplomada en gestión pública.

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Nuevas firmas electrónicas para el Poder Judicial

2020-05-14 00:00:00

La firma electrónica contiene datos electrónicos de la persona con valor legal.

Esta firma equivale a la firma manuscrita y tiene por objetivo dar fe de la voluntad del firmante. Esta firma electrónica se encuentra en el DNI electrónico.

La firma digitalizada es la conversión del trazo de una firma en una imagen.

Para obtener tu propia firma digitalizada tienes que realizarla sobre un papel en blanco y escanearla para luego guardarla en tu computadora. Esta firma digitalizada la puedes añadir en tus documentos, escritos, cartas, etc.

Un cafecito bien legal (2020). Maria Angela Huamán Alarcón.

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Infancia postergada

2020-04-26 00:00:00

“Dra. Marian, me llamo Juan y soy un niño de 11 años, que como los demás estoy encerrado hace mucho tiempo en mi casa.

No entiendo nada de lo que está pasando, porque escucho por tv, radio y el internet muchas cosas. Además, mis padres comparten información por el Whatsapp con memes y cadenas.

Veo que hay hospitales llenos, enfermos que sufren y muertos por las calles. Mi hermanita se ríe porque cree que son zombis, no entiende, es pequeña. Pero Yo estoy entendiendo que algo anda muy mal afuera, y lo peor no sé a quién creerle. Pero yo quiero saber. Tengo derecho a estar informado

La semana pasada comenzaron mis clases y debo compartir la computadora con mi papá, a veces no hay red y no recibo mis clases, Mi mamá dice que no importa y que lea un libro, pero a Mi si me importa aprender. Tengo derecho a la educación.

A veces tengo que consolar a mi mamá porque piensa que se va a morir, y luego ya ni tengo tiempo para jugar, porque mis padres aparte de discutir por el dinero a veces se han golpeado. Digo. ¿No tengo derecho a una vida tranquila, un hogar con bienestar y a jugar?

A los padres solo les pido que nos den lápices y colores, que nos dejen jugar, enseñarnos a cocinar algún plato, a limpiar juntos el dormitorio, escuchar música, bailar, comer juntos y compartir tiempo de calidad, leer, bailar en la sala DÈJENNOS SER NIÑOS…verán que no es tan difícil.

Explíquennos con paciencia y amor qué pasa, pregunten cómo nos sentimos. Pero no desfoguen en nosotros su ira y su violencia. Soy tu hijo, soy un niño. No está bien que me maltrates.

Si nos escucharan un poco más, si dejaran de pensar que somos invisibles el mundo sería... ¡MEJOR! “ (carta de Juan, un niño de once años).

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La declaración del estado de alarma ante la pandemia de la COVID-19 indica claramente que no se puede salir a la calle. Entre las excepciones que se vienen dando no se ha contemplado a los niños, lo que afecta directa y negativamente al ejercicio de sus derechos.

Efectivamente, sobre el tapete está en vista los derechos del niño; es decir, el reconocer al niño como sujeto titular de derechos tal como establece la Convención sobre los Derechos del Niño.

Olvidan este importantísimo concepto quienes piden la salida a la calle de los niños como “necesidad” para aliviar el estrés del aislamiento.

No se trata tanto de una cuestión de pura conveniencia del ejercicio de un derecho fundamental de los niños, sino garantizar la salud y la seguridad de todos.

La discusión gira en torno a la titularidad y protección de los derechos humanos y las garantías que han de darse para su ejercicio por los niños, quienes, por ser una población vulnerable, merecen de una especial protección que no debe bajar la guardia en tiempos de aislamiento. “los niños están aislados, sus derechos no”.

Es cierto que, la libertad de circulación no es el único derecho de los niños que se ve afectado en la actual situación de emergencia sanitaria.

De ello ha advertido el Comité de los Derechos del Niño: el grave efecto físico, emocional y psicológico de la pandemia de la COVID-19 sobre los niños, e insta a los Estados a proteger los derechos del niño adoptando medidas que específicamente los tengan en cuenta, sin que sea suficiente –ni adecuado– encerrarlos en la normativa general aprobada para el estado de alarma.

El derecho a unas condiciones de vida dignas en cuanto a alimentación, vivienda, acceso a servicios esenciales como los de salud o los servicios sociales, el derecho a la educación (incluyendo el acceso a internet), el derecho al juego, al ocio, al esparcimiento y a la realización de actividades recreativas, el derecho a no ser objeto de ninguna forma de violencia, especialmente en el hogar, o el derecho a ser informado sobre la situación y a ser escuchado, son algunos de los derechos de los niños directamente afectados por la situación surgida de la declaración de estado de alarma, que incluso puede agravar la situación de especial vulnerabilidad en la que ya se encuentran determinados colectivos: niños con discapacidad, niños migrantes, entre otros.

Las condiciones de vida de todas las personas se han visto abruptamente alteradas por la pandemia, pero, de nuevo, no olvidemos poner el foco específicamente en los niños y en sus derechos.

"Ver sufrir a los niños hace mal al alma porque los niños son los predilectos de Jesús. No podemos aceptar que se les maltrate, que se les impida el derecho a vivir su niñez con serenidad y alegría, que se les niegue un futuro de esperanza"

Descargar Infancia postergada

Conciliación en tiempos de covid 19

2020-04-19 00:00:00

“Lo que al Abogado importa no es saber el Derecho, sino conocer la vida. El derecho positivo está en los libros. Se buscan, se estudian, y en paz. Pero lo que la vida reclama no está escrito en ninguna parte. Quien tenga previsión, serenidad, amplitud de miras y de sentimientos para advertirlo, será Abogado; quien no tenga más inspiración ni más guía que las leyes, será un desventurado ganapán. Por eso digo que la justicia no es fruto de un estudio, sino una sensación”.

ÁNGEL OSSORIO

(El Alma de la Toga)

DE LA MANO CON LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

El COVID-19 va a cambiar muchas cosas. Estamos ante incertidumbres sobre su duración, sus consecuencias y, en lo que aquí interesa, sobre el verdadero impacto que está teniendo y tendrá en las relaciones jurídicas, comerciales y familiares.

Los conflictos que hoy se están derivando a partir del confinamiento y el estado de emergencia está retando a las instituciones que administran justicia el gestionar alternativas apoyadas en el sentido común, otras en la tecnología y otras en el diálogo, como es el caso de la CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL aprobado mediante Ley Nº 26872 y su Reglamento de la Ley de Conciliación, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2008-JUS.

El incremento en el número de las relaciones jurídicas, su complejidad cada vez mayor y el aumento de los conflictos ha dado lugar a una congestión del sistema judicial, lo que pone en riesgo el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Los llamados sistemas alternativos de resolución de conflictos se presentan como medios más rápidos y menos costosos que la vía judicial, y comprenden una serie de figuras, particularmente, la conciliación y el arbitraje.

La Justicia, ese viejo dinosaurio, camina con rigurosas reglas, que no puede desconocer y que debe respetar de forma escrupulosa. Es por ello que la mayoría de los países vienen, realizando la práctica de resolver los conflictos por medio de un tercero, imparcial, sin poder de decisión, que intermedia entre las partes, facilitando el diálogo y descubriendo vías de solución.

No es posible desconocer que esas ideas se sustentan en el reconocimiento de un cierto fracaso de la justicia en las sociedades avanzadas. Todos hemos experimentado en carne propia que los procedimientos judiciales son lentos, costosos y de resultados inciertos. Lo reconoce la sabiduría popular: «Es mejor un mal acuerdo que un buen pleito».

El fundamento de la conciliación no es otro que el hecho de que resulta preferible resolver el conflicto por un acuerdo al que las partes llegan voluntariamente que admitir que la solución venga impuesta por un funcionario, el juez, aunque sea imparcial y se halle investido de autoridad.

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Justicia que no es pronta no es justicia

2020-04-18 00:00:00

Con la pandemia del Covid-19 los Juzgados suspendieron actividades a partir del 15 de marzo al 26 de abril del presente año, por lo cual las audiencias, términos y plazos jurisdiccionales se suspenden durante dicho periodo, esto tiene un costo muy alto, ya que se retrasarán las sentencias, las ejecuciones y con ello los pagos respectivos.

Desde luego que fue una decisión bien tomada, no se pueden correr riesgos con la salud; sin embargo, hay afectados por el retraso en los procedimientos, tenemos en todo el país más de un millón de juicios en proceso que han sido suspendidos hasta nuevo aviso.

El poder judicial ha emitido la Resolución Administrativa Nº 000135-2020-P-CSJLII-PJ únicamente para casos específicos como violencia familiar, medidas de protección, endoso de los depósitos judiciales, habeas corpus, acción de amparo, prisión preventiva, como el juicio de amparo, proceden durante la suspensión de actividades, para ello se estableció juzgados de emergencia que atenderá tales asuntos.

El sistema jurídico permite que se administre justicia a través de los medios no presenciales. Tanto es así que sin quebrantar el orden jurídico existente es posible establecer un sistema de atención a los requerimientos de los justiciables y de los otros poderes públicos. Lo otro es que el Poder Judicial cuenta con los medios que la tecnología exige para funcionar, como son computadoras, Internet, correos y escaneado de documentos, así como los medios electrónicos de verificación de la firma.

La oportunidad que nos brinda la emergencia debe ser utilizada para poner en real funcionamiento el proceso de justicia virtual, habilitar para todos los procesos la mesa de partes y el expediente electrónico.

Por ello, es hora de que demos un salto al mundo del siglo XXI. Y con la ayuda de la tecnología, permitamos que en ese contexto se desarrollen las demandas, audiencias (que se pueden transmitir públicamente), actuación de pruebas, dictado de sentencias y su ejecución. Tenemos las normas y los medios para continuar moviendo el país con un nuevo sistema ágil de administración de justicia, que no puede esperar a que termine el largo período de emergencia que se vislumbra.

Se debe hacer todo lo posible para que las instituciones implicadas unamos las fuerzas del Poder Judicial, Ministerio Publico y Gremio de Abogados para que la Administración de Justicia salga de la crisis de la forma más rápida posible”, que considera que este plan sobrevenido puede acabar convirtiéndose en una “oportunidad” para abordar de forma conjunta asuntos que estaban pendientes desde hace años.

Ya se debe estar trabajando la nueva ley de justicia con muchas cuestiones técnicas y procesales que puedan ayudar a evitar el temido colapso en los tribunales tras la crisis sanitaria. “Estamos al inicio”.

Un cafecito bien legal (2020). Maria Angela Huamán Alarcón.

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